Desarme género y poder: repensar la seguridad internacional desde una mirada feminista

Hablar de desarme en un contexto internacional marcado por la normalización de conflictos armados ya constituye un desafío político. Incorporar, además, una perspectiva de género implica cuestionar las estructuras que históricamente han legitimado la agresión bélica como herramienta de seguridad. Las mujeres y niñas no solo experimentan los efectos de la violencia armada, sino que lo hacen de manera diferenciada y desproporcionada. No se trata de una casualidad: responde a patrones estructurales de desigualdad que atraviesan tanto el desarrollo de los conflictos como la arquitectura normativa que pretende regularlos.

Este contexto no es neutral. Responde, en gran medida, a una construcción de masculinidad hegemónica que ha vinculado históricamente el uso y la posesión de armas con símbolos de poder, dominación y virilidad. La militarización no sólo opera como estrategia de seguridad estatal, sino también como expresión cultural de autoridad y control, profundamente arraigada en imaginarios políticos y sociales.

En este marco, la violencia se normaliza y escala desde lo cotidiano hasta lo internacional, legitimándose a través de narrativas de defensa y soberanía. Las decisiones estatales en materia de armamento suelen justificarse bajo el principio de “seguridad”, aun cuando sus efectos perpetúan desigualdades estructurales y profundizan vulnerabilidades preexistentes. Integrar una perspectiva de género en el desarme, por tanto, no es un gesto simbólico: es un cuestionamiento directo a las bases mismas sobre las que se ha construido el paradigma tradicional de seguridad.

Aunque el discurso internacional ha comenzado a incorporar la perspectiva de género en materia de desarme, su implementación sigue siendo limitada y, en muchos casos, simbólica.

Para comprender esta evolución, es necesario partir de un concepto clave: gender mainstreaming, traducido como «transversalización de la perspectiva de género». Este enfoque comenzó a consolidarse tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, cuando se estableció la necesidad de integrar sistemáticamente la dimensión de género en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, incluyendo aquellas vinculadas con la seguridad y el desarme.

En el ámbito del control de armas, la incorporación de la perspectiva de género es relativamente reciente y se refleja de manera progresiva en diversos instrumentos multilaterales.

El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) es pionero en esta materia, al ser el primer tratado internacional que vincula explícitamente el comercio de armas con la violencia basada en género. En su artículo 7(4), establece que los Estados Parte deberán evaluar el riesgo de que las armas convencionales puedan utilizarse para cometer o facilitar actos graves de violencia de género o violencia contra mujeres y niñas antes de autorizar una exportación.

Por su parte, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) reconoce en su preámbulo el impacto desproporcionado de las armas nucleares en mujeres y niñas, incorporando así un reconocimiento explícito de las dimensiones diferenciadas del daño humanitario.

Asimismo, la Convención sobre Municiones en Racimo ha fortalecido progresivamente la integración de la perspectiva de género a través de sus planes de acción. El Plan de Acción de Lausana (2021–2026) incluye medidas concretas de transversalización, tales como educación sobre riesgos adaptada a contextos diferenciados, operaciones de desminado inclusivas y mecanismos de cooperación internacional orientados al empoderamiento de las mujeres.

Adicionalmente, la resolución 65/69 (2010) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Mujeres, desarme, no proliferación y control de armas”, así como resoluciones posteriores sobre la misma materia, reconocen la necesidad de facilitar y aumentar la participación de las mujeres en los procesos de desarme y promover la igualdad de oportunidades en la toma de decisiones. Estas resoluciones también subrayan la importancia de comprender los impactos diferenciados de los conflictos armados desde una perspectiva de género.

Aunque se han registrado avances técnicos y normativos en la incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de desarme, la realidad de los conflictos armados continúa siendo profundamente desigual. La brecha entre el desarrollo jurídico y la experiencia vivida es evidente. Como señala Martha Mendoza, Oficial de Relaciones Internacionales del OPANAL, “los feminismos conocen la guerra desde lo conceptual, desde el campo de batalla y desde la condición de víctimas de las múltiples violencias que las afectan desproporcionadamente durante los conflictos armados (2023)”.

El desarme con enfoque de género no es un añadido técnico ni una cláusula complementaria: es un cuestionamiento directo a la forma en que se ha concebido históricamente la seguridad internacional. No se trata únicamente de reconocer que las mujeres y niñas son afectadas de manera desproporcionada por la violencia armada, sino de asumir que también son actoras fundamentales en la construcción de paz. Garantizar su participación efectiva en los espacios políticos, económicos y en todos los niveles de adopción de decisiones no es un gesto simbólico, sino una condición para transformar las estructuras que sostienen la militarización. Mientras el paradigma de seguridad continúe priorizando la disuasión, la acumulación de armamento y el rearme, la transversalización de la perspectiva de género corre el riesgo de convertirse en un compromiso declarativo más que en una herramienta de cambio sustantivo.